LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: POR UNA ESCUELA PARA TODOS..!!
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, París (2005), define la Educación Inclusiva: "como un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación".
La República Dominicana, como parte del concierto de naciones adscritas a la ONU, ratificó mediante Resolución No. 458-08, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocola Facultativo que establece el compromiso de los países miembros de asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder al sistema educativo general inclusivo y de calidad, en igualdad de condiciones con los demás, en la comunidad en que vivan y que se le presten los apoyos necesarios para facilitar su formación efectiva.
En ese sentido, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030), en el numeral 3.1.5 de su acápite 3, instituye: "Asegurar que el desarrollo de la infraestructura educativa responda a la proyección de la población, atienda a criterio de accesibilidad para personas con discapacidad o con necesidades especiales, cumpla las normas nacionales de construcción con seguridad sísmica y de reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos, y cuente con adecuados servicios básicos de agua, electricidad, saneamiento y condiciones apropiadas de ventilación e iluminación".
Desde el punto de vista de las normativas, documentaciones y aspiraciones, sentimos que en el país existe el deseo de implementar un programa de gestión educativa incluyente, abierto a la diversidad, sin barreras que limiten la participación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas específicas. Sin embargo, nos preguntamos, ¿Están los centros educativos en condiciones de abordar un programa de educación inclusiva? Obviamente, sin tener que profundizar en el análisis, estamos frente a una realidad social excluyente, que limita el acceso de quienes sufren algún tipo de discapacidad, comenzando por el personal docente sin las herramientas pedagógicas para lograr aprendizajes significativos, sin la adecuada capacitación profesional, con escuelas carentes de los elementales recursos pedagógicos, construidas sin los mínimos criterios de inclusión.
Entonces, cómo exigir a un docente que responda a las necesidades de inclusión de estudiantes con dificultades auditivas cuando no dominan el lenguaje de señas. Lo mismo podemos decir de quienes presentan problemas visuales y llegan a un centro educativo donde el personal docente no maneja la escritura en braille. Por más comprometido, sensibilizado y dispuesto que se encuentre el maestro, nunca obtendrá los mejores resultados de su desempeño. Pero igual observamos en planteles escolares donde se reciben alumnos con dificultades físico-motoras, centros construidos sin las pautas consignadas en la Ordenanza No. 4-2018, que Norma los Servicios y Estrategias para los Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Acorde al Currículo Establecido.
Entonces, de qué sirven los acuerdos, convenios y ordenanzas, cuando en esencia seguimos reproduciendo el modelo tradicional de gestión educativa, por demás excluyente, y contrario a la Constitución Dominicana, que en su Artículo 63, establece el derecho a la educación, señalando que "Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones". Desde la Carta Magna se asume como obligación del Estado la educación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. Es entendible que el tema de la inclusión no halla alcanzado grandes progresos a nivel de los países latinoamericanos, donde se incrementan las desigualdades sociales, elevando los índices de pobreza y menguando las posibilidades de desarrollo de los ciudadanos, pero en medio de las debilidades es poco lo que se está haciendo para abordar con éxito un proyecto de gestión educativa inclusiva. En esa vertiente no cabe el hecho de la falta de recursos, o de los pírricos fondos que son destinados a las áreas formativas, ya que, en definitiva, los gobiernos continúan construyendo infraestructuras divorciadas de los modelos inclusivos, sin rampas, sin el uso adecuado de la tecnología, sin espacios recreativos dispuestos a la diversidad, y peor aún sin profesionales dotados de las herramientas pedagógicas requeridas. Desde esa dinámica reflexiva, sin más recurso que la buena intención, cómo podemos hablar de inclusión cuando la propia comunidad vive de espaldas a los criterios de apoyo a las personas en condiciones de discapacidad. Soló debemos detenernos en cualquier ciudad del país, mirar las calles, las aceras y edificios, para percatarnos de lo poco que pensamos en ese importante segmento poblacional. Hablamos de integrarlos en igualdad, fomentar una cultura participativa que responda a la diversidad, sin exclusión de ningún tipo, pero sólo nos centramos en el discursos, porque la educación dominicana está diseñada para que los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas específicas permanezcan encerrados, enclaustrados en sus viviendas, salvo la osadía y valor de muchos padres que se interesan por conducirlos a centros de enseñanza privada, donde son acogidos y atendidos conforme a sus necesidades educativas.
Es nuestro mayor anhelo que la Ordenanza 4-2018, logre ser asumida, involucrando de manera dinámica y entusiasta, a todos los protagonistas del sistema educativo, comenzando por la familia, como principal forjadora de la cultura integradora que demanda la sociedad para alcanzar el noble ideal de una escuela abierta para todos.
